“El derecho a la vida es inviolable” es un principio largamente cultivado en la legislación venezolana, desde la misma Constitución Federal de 1811, cuando aún no se lograba la Independencia. Pero, ¿se cumple tal mandato o hay venezolanos condenados a muerte?

El derecho a la vida es inviolable

La frase aparece de manera explícita en la Carta Magna de 1947, que prohibe en su Artículo 29 la pena de muerte:

“La Nación garantiza a todos sus habitantes la inviolabilidad de la vida. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna podrá aplicarla.”

En la Constitución del ‘61 se repite el mismo principio, en el Artículo 58:

“El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla.”

Este planteamiento llega a su punto máximo con la Constitución de 1999 (CRBV), porque con su promulgación, Venezuela se convirtió en el único país del mundo que otorgó rango constitucional a los tratados de Derechos Humanos que haya suscrito.

Las leyes se organizan por niveles y en cualquier país del mundo, la Constitución ocupa el pináculo de la pirámide legal. Luego están los Códigos (Civil, Penal, etc…); luego las leyes generales , las ordinarias y luego los reglamentos.

 

 

Los tratados internacionales, incluso los de Derechos Humanos, suelen estar por debajo del cuerpo legal de cada país, pero en Venezuela prevalecen sobre los códigos y tienen el mismo peso que la Constitución. Pero además, la CRBV establece en su Artículo 43 lo siguiente:

«El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.»

En esta ocasión, por si faltaba un detalle, se habla explícitamente de la vida de los privados de libertad, quienes por encontrarse en estado de interdicción judicial suelen ver lesionados sus derechos. No obstante, de la teoría a la práctica hay un trecho importante.

 

Pena de muerte para los más pobres

Lamentablemente, Venezuela es un país con niveles delictivos muy altos y es común que recibamos la noticia de que alguien conocido falleció durante un asalto. De hecho, cuando a alguien le roban sus pertenencias, es común que la gente diga al enterarse “bueno, pero al menos no te mataron”.

La impotencia de las autoridades frente a esa realidad mueve al desespero en la ciudadanía y, mientras unos toman la ley por su mano (bien sea a tiros, o en colectivo por la vía del linchamiento), otros tienen la esperanza de cambiar el estamento legal y han propuesto aprobar la pena de muerte.

La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya misión, al menos en el papel, es crear una nueva constitución, abre en teoría la posibilidad de incorporar la pena de muerte aunque, sin duda, esto significaría un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos. No es muy factible que lo hagan.

Solicitar la aprobación de la pena de muerte es, literalmente, un suicidio, a menos de que sea uno millonario. Tristemente, en todos los sistemas de administración de justicia del mundo el Estado de Derecho se enfrenta al músculo financiero del acusado. Una persona con mucho dinero puede pagar mejores abogados, fianzas, ganar tiempo, huir del país… los pobres, en cambio, irán a dar con sus huesos en una celda y luego, morirán legalmente.

Además, las condiciones de las cárceles venezolanas implican que caer en una de ellas puede significar la muerte, incluso antes de tener sentencia alguna.

 

La privación de libertad en Venezuela

Cuando una persona es apresada en Venezuela y no lo ampara la fama, el peso de la opinión pública o el poder de pago que comentamos antes, pasa por un proceso sumamente lento, con muchas escalas.

Desde el policía que aprehende al ciudadano, hasta el juez que dictamina la sentencia se da una cantidad de pasos, como las estaciones del vía crucis, y en cada una se puede comprar a alguien para salir rápidamente del problema.

Si no se puede pagar, el ciudadano será víctima del atraso procesal. Es decir, quizá pasen años antes de que alguien toque su expediente y descubra que era inocente. Los archivos del Palacio de Justicia están llenos de casos así.

 

 

El sistema es una fábrica de nuevos delincuentes, porque que debe reformar a los ciudadanos, pero bajo esas condiciones es probable que el ciudadano muera en una reyerta o se entrene para sobrevivir; esto es, se convierta en la “mujer” de algún interno que se “enamore” de él, o se convierta en un nuevo asesino. En cualquier caso queda inhabilitado para una vida social normal.

Para los reos más fuertes (con más dinero, por lo general) el sistema penitenciario no implica la privación de libertad. De hecho, apenas implica la privación del libre tránsito, porque en las cárceles venezolanas hay presos que ejercen actividad comercial, que se comunican con el exterior por medio de celulares, y que desde allí siguen siendo los jefes de bandas delictivas que operan con impunidad.

 

Iris Varela y la muerte en las cárceles

Dada toda esta situación, que es muy antigua y no se ha solucionado, Chávez decidió intentar otra vía al nombrar a la famosa “Fosforito”, Iris Varela, como Ministra de Servicios Penitenciarios, en 2011. ¡A ordenar la cosa!.

Varela ocupó ese cargo durante 6 años, hasta que se separó del mismo para incorporarse a la Asamblea Nacional Constituyente. Dejó en su lugar a Mirelys Contreras, quien era viceministra de Atención al Privado y Privada de Asuntos Penitenciarios. Pero en esos años la situación no mejoró mucho.

El intento de humanización de las cárceles no restringe el control que los pranes (jefes delictivos) ejercen en los penales, sino que lo ha profundizado y, a menos de que la estrategia sea instigar a los presos a matarse entre sí (lo cual reduce el problema por dilución), han fracasado estrepitosamente.

En casi todas las cárceles los presos controlan claramente la situación e incluso en el penal de San Antonio, en Margarita, mandaron a construir una piscina dentro del penal. La cárcel estaba bajo el mando de un interno llamado Teófilo Rodríguez Cazorla “El Conejo”, quien controlaba el tráfico de drogas en esa isla.

Esa muerte precipitó el desalojo de esa cárcel, pero antes, al enterarse del fallecimiento de “El Conejo”. Los presos le hicieron un homenaje en su particular estilo. Iris Varela acababa de declarar que no había armas en las cárceles venezolanas.

 

El 25 de abril de este año, cuando comenzaban las manifestaciones violentas de oposición, se presentó una matanza en la cárcel de Puente Ayala (Barcelona) en la que unos presos mataron a otros. Lo grave del asunto es que, ésta vez, la ex ministra dio la instrucción que desencadenó el hecho.

 

Este caso tiene graves implicaciones para todos los involucrados, pero sobre todo, deja de manifiesto hasta qué nivel el gobierno ha perdido o cedido el control de las cárceles.

 

La situación de Puerto Ayacucho

Hace apenas tres días, mientras el mundo lamentaba las muertes causadas por el atentado terrorista en Barcelona, España, los presos de la cárcel de Puerto Ayacucho vivieron su propio drama, cuando una requisa derivó en motín, lo cual terminó con la vida de 37 reclusos.

Cabe destacar que en esa cárcel sólo había cien presos. El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, planteó que se trató de una masacre, mientras que otras versiones indican que los presos activaron granadas, con el resultado conocido.

 

Cualquiera de las dos posibilidades es mala. Si hubo una masacre, es responsabilidad del Gobierno, dado que sus funcionarios habrían actuado contra la Ley. Si fueron los mismos presos ¿no era que en las cárceles venezolanas no hay armas?

La ironía llegó poco después, cuando, tras el terrible hecho, la ANC anunció la conformación de una comisión de la verdad para saber qué ocurrió exactamente en ese lugar. La presidente de esa comisión es Iris Varela.